Condena efectiva a un enfermero de Rosario por vender fentanilo y otras sustancias robadas del PAMI

La condena contra Luis Benavídez quedó firme tras un acuerdo de juicio abreviado homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros. El enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue declarado responsable de cuatro delitos y recibió una pena única de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación por igual período para ejercer la enfermería y ocupar cargos públicos.

El hombre reconoció los hechos en una audiencia celebrada el 4 de septiembre, según consta en el expediente. La defensa y el Ministerio Público Fiscal convinieron la calificación legal, la prueba de cargo y la escala penal solicitada, y el magistrado federal dio por homologado ese entendimiento en los términos del procedimiento.

Los cuatro cargos que acreditó la fiscalía

• Comercio de estupefacientes, en función de la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, por bromuro de vecuronio.
• Hurto, a raíz de la sustracción de los medicamentos del establecimiento donde se desempeñaba.
• Tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, a partir de una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

La investigación federal se abrió a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años, hallado sin vida en su departamento el 9 de agosto de 2023. El denunciante aportó el teléfono y documentación de su hijo a la Unidad Fiscal Rosario y señaló que éste adquiría fentanilo y otras sustancias a un enfermero a través de redes sociales. Esos intercambios, junto con mensajes de audio, fueron la base con la que la fiscalía reconstruyó el circuito de ventas.

La causa por la muerte había sido archivada en la justicia provincial. La autopsia no logró determinar la causa de fallecimiento y el laboratorio de Santa Fe no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado no permitió atribuir el deceso a una sustancia específica, un punto que la acusación federal marcó como diferencia clave: lo que se juzgó fue la comercialización, no la autoría del fallecimiento.

Según la acusación, Benavídez obtenía los medicamentos en el Policlínico PAMI II, donde trabajaba desde 2014, y los ofrecía a través de redes sociales para consumo recreativo. La pesquisa acreditó que coordinaba entregas y que entre las sustancias comercializadas había fentanilo y bromuro de vecuronio, un relajante muscular de uso hospitalario cuyo carácter nocivo fue ocultado a los compradores.

La carátula del expediente federal se compone, en consecuencia, por los cuatro delitos ya detallados y no incluye, en esta etapa, una imputación formal por la muerte del comprador. La próxima instancia será la ejecución de la pena efectiva y el cumplimiento de la inhabilitación profesional, una vez firme la homologación del juez Vera Barros.