El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar de su cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

Origen de la denuncia y trámite del jury

El expediente se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en ese tribunal radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales, y acompañó el escrito con chats y audios como respaldo probatorio.

A partir de ese planteo se abrió un sumario administrativo y, en paralelo, una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General formalizó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, a partir de mensajes con comentarios sobre el físico y la vestimenta de una funcionaria.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso continúa con el análisis de los cargos y la evaluación de la prueba incorporada al expediente, mientras se aguarda la definición de las próximas instancias procesales.