Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental subieron 23% en el último año y las internaciones se incrementaron 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. El dato, que surge de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, fue presentado esta semana en el Senado en el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, y vuelve a poner en primer plano la pregunta que las provincias formulan hace tiempo: cuánto más puede estirarse un sistema que ya se reconoce sobreexigido.

El trabajo reúne información aportada por las máximas autoridades sanitarias de catorce jurisdicciones: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, que en conjunto representan más del 70% de la población del país. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro, lo que amplió la mirada federal sobre un fenómeno que hasta ahora se medía con datos dispersos y difícilmente comparables.

Quiénes llegan hoy al sistema público

Sofía tiene diecisiete años, vive en el conurbano bonaerense y nunca tuvo obra social. Desde la pandemia repite episodios de ansiedad que derivan en crisis de pánico. El año pasado terminó dos veces en la guardia de un hospital público por ideación suicida; este año ya pasó por tres. No es la única: el relevamiento registra una mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes, y de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y pasaron al sistema público. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en guardias hospitalarias corresponde a problemas de salud mental.

Qué se hizo y qué falta

• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales.
• Trece de las catorce provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos para el abordaje de consumos problemáticos.
• Las provincias advirtieron que esas capacidades están sobreexigidas y que existen dificultades para completar equipos con disciplinas críticas.
• Como prioridades, las jurisdicciones pidieron aumentar la inversión, ampliar infraestructura y recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad.
• También reclamaron recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios.

Qué se discute en el Congreso

El informe llegó al Senado en medio del debate por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010. Las autoridades provinciales plantearon que la propuesta elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos. Lo que sigue sin resolverse es justamente lo que el propio relevamiento describe: cómo financiar la expansión de un sistema que, incluso después de sumar camas y dispositivos comunitarios, no logra acompanhar el ritmo al que crece la demanda.