Mendoza abre una mesa de negociación gratuita para deudores de consumo con cuotas y quitas sobre la mesa

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza puso en marcha un procedimiento de conciliación gratuito orientado a renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y financiaciones de consumo cuando los pagos comprometen una parte sustancial de los ingresos del hogar. Se trata de una instancia administrativa que no sustituye los acuerdos privados ni la vía judicial, pero ofrece un canal formal para acercar posiciones entre deudores y acreedores.

El mecanismo se activa cuando los compromisos financieros exceden el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. En contextos de especial vulnerabilidad, como familias con menores a cargo, personas con discapacidad, jubilados que perciben el haber mínimo, desocupados, beneficiarios de programas sociales y trabajadores informales, el umbral desciende al 25%. Para acceder, el capital total adeudado no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención.

Qué deudas entran y cuáles quedan afuera

• Préstamos personales, financiaciones de compras, tarjetas de crédito y créditos otorgados por plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas.
• Deudas con garantía hipotecaria, obligaciones alimentarias, multas y sanciones penales.
• Deudas empresariales o comerciales no vinculadas al consumo familiar.

La herramienta contempla la posibilidad de acordar extensiones de plazo, períodos de gracia, refinanciaciones en cuotas y eventuales quitas de capital o de intereses punitorios y gastos por mora. Un ejemplo de la operatoria en la vida cotidiana: una familia que destinaba 70.000 pesos a pagar el resumen mensual de la tarjeta y el crédito del electrodoméstico, y cuyos ingresos formales rondaban los 200.000 pesos netos, podría encuadrar en el esquema si demuestra que esas obligaciones comprometen más de un tercio del sueldo. Lo que la Provincia no puede hacer es imponer condiciones a las entidades: cualquier modificación requiere la firma del acreedor.

El trámite se inicia en la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), donde el solicitante debe detallar acreedores, montos adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. Defensa del Consumidor corre traslado a las empresas involucradas, que disponen de hasta 10 días hábiles para informar su postura. La convocatoria busca ordenar la negociación y dejar constancia de los acuerdos alcanzados, sin alterar por sí misma la relación contractual entre las partes.

En un escenario donde las financiaciones con tarjeta y los préstamos personales concentran buena parte del endeudamiento de los hogares argentinos, la instancia mendocina se presenta como una vía administrativa para ordenar pasivos sin recurrir a la Justicia. Resta ver cuántas entidades aceptarán sentarse a la mesa y bajo qué condiciones: ¿bajará la tasa, se estirarán los plazos o las quitas serán la regla en los acuerdos que se firmen en la OCDC?