Procesan con prisión preventiva a Raúl Martins por lavado de activos y le traban embargo por 300 millones de pesos

La Justicia federal dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa por lavado de activos y ordenó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución lleva la firma de la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.

La investigación reconstruye 26 operaciones con sociedades y propiedades que, según la hipótesis del expediente, habrían servido para incorporar al circuito económico formal dinero proveniente de la explotación sexual de mujeres. La causa se tramita bajo la calificación de lavado de activos, con intervención de la Fiscalía Federal N° 6.

El eje del debate: las fechas de las maniobras

El contraste entre la defensa y el juzgado giró en torno de los años en los que se concretaron las operaciones señaladas. Martins, de 77 años y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se negó a responder preguntas durante la indagatoria, aunque presentó un escrito en el que reclamó el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito.

En ese descargo sostuvo que las 26 operaciones atribuidas —compras de inmuebles y movimientos societarios— correspondían a 2009, 2010, 2011 y 2012, todas anteriores al período que consideró consolidado del delito de explotación sexual: enero de 2013 a octubre de 2014. Además, afirmó que el único antecedente firme se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones por otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los fundamentos de Servini

Servini rechazó esos planteos y consideró que había mérito suficiente para disponer el procesamiento. En su resolución explicó que una sociedad creada antes del hecho investigado puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, de modo que la fecha de constitución de las firmas no resulta determinante para descartar las maniobras.

La magistrada evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares de Martins. Concluyó que el imputado habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

• Inicio de la pesquisa: 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre.
• Detención en el exterior: Martins fue capturado en México en 2019.
• Extradición: su traslado desde Cancún a la Argentina quedó a cargo de autoridades federales, según consta en el expediente.
• Carátula: lavado de activos, con foco en 26 operaciones societarias e inmobiliarias investigadas.
• Embargo: 300 millones de pesos sobre los bienes del procesado.

Próxima instancia procesal

Con el procesamiento con prisión preventiva firme, la causa avanza hacia la etapa de instrucción complementaria y, luego, hacia el eventual requerimiento de elevación a juicio. La defensa de Martins, en tanto, confirmó que evaluará recurrir la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones, con el objetivo de revertir el procesamiento y, eventualmente, obtener una excarcelación.