Córdoba: el camino de meses que recorren familias que necesitan una discapacidad certificada

Conseguir un turno para certificar una discapacidad, acceder a una rehabilitación o retirar una prótesis puede demandar varios meses en Córdoba. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo provincial el 5 de octubre de 2026 documenta esos plazos y describe cómo impactan en la continuidad de los tratamientos, en la economía de los hogares y en la organización cotidiana de los cuidados.

El relevamiento fue elaborado con entrevistas y grupos focales, por lo que los testimonios describen experiencias y no constituyen una medición estadística de todos los casos. Aun así, ofrece un mapa de los principales cuellos de botella que atraviesa la población con discapacidad y sus familias al momento de pedir prestaciones.

¿Dónde se tramita la certificación y cuánto se espera?

Para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), el documento indica que la Ciudad de Córdoba cuenta con juntas evaluadoras en siete hospitales. Dos de esos establecimientos son pediátricos y otorgan citas con esperas de dos a tres meses, según el relevamiento. El informe también recoge dificultades para conseguir turnos con médicos especialistas que intervienen en la evaluación, lo que puede extender aún más el proceso.

¿Qué pasa después, cuando la certificación está pero falta la prestación?

Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo adjunto a cargo del área, señaló demoras de cuatro a nueve meses para la entrega de prótesis y medicamentos, y esperas de nueve a catorce meses para el ingreso a centros de rehabilitación. Esos plazos corresponden a lo expuesto en el informe y no permiten anticipar cuánto demorará cada trámite particular, pero marcan un piso y un techo generales que se repiten en los casos relevados.

“Los plazos no son parejos: hay esperas de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para rehabilitación. Mientras tanto, la atención particular se paga de bolsillo.”Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo adjunto a cargo

¿Quién paga la espera y con qué plata?

Una madre entrevistada, a quien el informe identifica como Sabrina, contó que debió sostener la atención de su hija con recursos propios durante alrededor de dos años, con un desembolso mensual de entre 150.000 y 180.000 pesos solo en sesiones de terapia. El documento también describe una sobrecarga de cuidados que recae sobre las mujeres, con testimonios de madres que achicaron su jornada laboral y resignaron ingresos para acompañar los tratamientos.

La situación llega también a quienes prestan los servicios. El estudio releva atrasos de varios meses y hasta un año en pagos de obras sociales y programas estatales, y compara dos series de precios. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, frente a una inflación acumulada del 336%. En el mismo período, la nafta súper aumentó 559% y el valor reconocido por kilómetro, 231%. Esa diferencia, según el informe, obliga a muchas instituciones a recortar gastos de funcionamiento y compromete la continuidad de los servicios.

¿Qué falta para que la espera deje de ser la regla?

El informe deja abiertas varias preguntas operativas. No precisa cuántas juntas evaluadoras serían necesarias para reducir la espera a niveles razonables, ni cuánto personal especializado falta en rehabilitación. Tampoco detalla un cronograma para actualizar el valor del kilómetro ni para saldar la deuda con los prestadores. La Defensoría del Pueblo suele elevar este tipo de documentos a los organismos competentes, por lo que la próxima instancia será el seguimiento de las respuestas que reciban los pedidos de informes y de las medidas que adopten los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, además de las obras sociales y los prestadores involucrados.